Una ILP para regularizar a 500.000 personas

La iniciativa legislativa popular sería una oportunidad de oro para “establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía” (Papa Francisco).

Para que el Congreso de los Diputados la debata hay que conseguir medio millón de firmas de aquí a septiembre de este año.

Un apoyo transversal

La ILP es conocida como “EsencialES” y ha surgido de movimientos y entidades de la sociedad civil. Por parte de la Iglesia está apoyada por el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, Cáritas, CONFER o la HOAC.

Por qué regularizar ahora

Los argumentos que justifican esta medida, según los promotores, son tres: los derechos fundamentales, pues la irregularidad supone «una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de servicios públicos»; la pérdida de «un gran aporte económico y fiscal» –según la Universidad Carlos III, 3.250 euros por persona y año–, y la propia gestión del país, pues tener a cerca de medio millón de personas –150.000 son niños– «fuera del radar de las instituciones y de la planificación de los servicios públicos supone un déficit de gobernanza que es urgente corregir».

Esto no va de política ni de ideología

En España, desde la transición se han llevado a cabo ya seis procesos de regularización: cuatro durante mandatos del PSOE y dos del PP. «No hay razones políticas que no la justifiquen, sino miedo a que se disparen unas narrativas impuestas por grupos mediocres», según Lucila Rodríguez-Alarcón, de la Fundación porCausa.

A la luz del evangelio es una cuestión de justicia

Xabier Gómez director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, señala en una comunicación enviada a las diócesis que la iniciativa es justa a la luz de la enseñanza social de la Iglesia: «Los argumentos presentados pueden complementarse bien con los propuestos tantas veces por la Iglesia en la voz de sus obispos, entidades y, sobre todo, del Papa Francisco cuando aboga por “establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía”. Regularizar a las personas migradas contribuye precisamente a eso».